LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL A AUTORIDADES REGIONALES Y PROVINCIALES EN LA CONSTITUCIÓN DEL 80
DOI:
https://doi.org/10.22370/rcs.2022.81.3564Palabras clave:
Acusación Constitucional; Juicio Político; Gobernadores Regionales.Resumen
La Constitución de 1980 crea y regula las autoridades que ejercen el gobierno y la administración, tanto en las regiones como en las provincias. A lo largo de su vigencia se verifican tres momentos. Primeramente, la Carta originaria suponía una regulación que contaba con Intendentes y Gobernadores como principales autoridades. Luego este diseño fue reformado en parte por la Ley Nº 19.097 que creó al Gobierno Regional. Finalmente, con la Ley Nº 20.990 se vislumbran cambios importantes: se eliminan los cargos de Intendente y Gobernador, pasando a existir los Delegados Presidenciales, tanto regionales como provinciales, así como un Gobernador Regional, el cual es elegido popularmente.
Desde el origen de la Carta, los Intendentes y Gobernadores eran acusables constitucionalmente por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. La Ley Nº 20.990 reemplazó a estos sujetos pasivos por los Delegados Presidenciales, tanto regionales como provinciales. Sin embargo, el constituyente derivado incurrió en una inconsistencia al regular la acusación del Gobernador Regional, que la hace inaplicable.
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